El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) ha perdido la pista de más de un millón de extranjeros, cuya entrada sí registró, al no poder averiguar si salieron o no del país.
Estos datos, que se mencionan en el último informe de la Oficina General de Contabilidad de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés), presentado este semana en el Senado, ponen nuevos obstáculos a la aprobación de la reforma migratoria, que se discute actualmente en el Congreso y que una vez aprobada será la mayor reforma migratoria desde 1986.
«El DHS no ha cumplido con el requisito legal de 2004 de poner en práctica una sistema biométrico de control de salida, pero tiene previsto informar al Congreso a tiempo para el año fiscal 2016 sobre los costos y los beneficios que supondría implementar dicho sistema en los aeropuertos y puertos marÃtimos», escribieron investigadores de la GAO.
El Gobierno de EE.UU. monitorea las llegadas de extranjeros a su territorio, pero va con años de retraso en cuanto a establecer un sistema de monitoreo de las salidas, tal como dicta la ley migratoria de 1996 y tal como se reafirmó en 2004, algo que han eludido tanto las administraciones republicanas como las demócratas.
Si la reforma, que fue aprobada por el Senado a finales de junio, es aprobada por la Cámara baja y firmada por el presidente, serán legalizados muchos de los 11 millones de indocumentados que residen en el país.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU. (CBO, por sus siglas en inglés), la reforma migratoria, una vez en vigor, reducirá el déficit del presupuesto estatal en unos 900.000 millones de dólares para 2033 gracias al aumento del número de personas que empezarán a trabajar legalmente, a pagar impuestos y a invertir sus ganancias, elevando además la productividad en general.
