Ante las diferencias que han habido entre la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a raíz de los efectos económicos derivados de la pandemia y cómo afrontarlos, ayer las partes tuvieron un acercamiento.
Así como a otros terminales aéreos, la sociedad se ha visto impactada en sus ingresos por la caída en los tráficos. En el peak de la pandemia, durante mayo, la caída de viajeros alcanzó hasta un 94,5% en comparación con el año pasado. En octubre comenzó su recuperación, lo que se ha seguido viendo en noviembre, con el impulso adicional de las aperturas de fronteras internacionales, pero de todos modos lejos de niveles de normalidad.
Para buscar soluciones a los problemas que ha dejado la pandemia, ayer a las 16 horas se reunieron ambas partes en las dependencias del Ministerio de Obras Públicas y fue liderada por la directora general de Concesiones (S), Marcela Hernández. Según trascendió, el principal objetivo de la reunión fue implementar una mesa de diálogo entre ambas partes y definir qué temas serán tratados en la instancia.
Consultado por el encuentro, el gerente general de Nuevo Pudahuel, Xavier Lortat-Jacob, respondió por escrito que el objetivo de su asistencia fue «plantear los impactos tanto de corto como de largo plazo que la pandemia ha causado en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y cómo encontrar soluciones para el Estado, el concesionario y los pasajeros, tomando en cuenta la urgencia de la situación».
Señaló que los temas que se definieron que serán tratados en las mesas serán la concesión, construcción y explotación, pero sin dar más detalles al respecto.
«Sin embargo la autoridad ha mencionado que no incluirá el reequilibrio económico de la concesión, que es el principal problema que enfrenta el Aeropuerto de Santiago y que sin el cual se hará imposible solucionar los impactos de la crisis, vale decir, cierre de rutas y pérdida de conectividad de Chile con otros países», agregó Lortat-Jacob.
Desde la empresa explican que el reequilibrio económico se refiere a modificar ciertas condiciones del contrato, para así mitigar los sobrecostos que vive la concesionaria y el Estado por la emergencia sanitaria iniciada con el Covid-19.
Actualmente, el Estado recibe 77% de los ingresos del aeropuerto de Santiago, mientras que la concesionaria un 23%. Esta distribución propuesta por el concesionario en 2015 fue clave en la adjudicación del contrato.
Una de las opciones que ha planteado Nuevo Pudahuel es alargar el plazo del contrato para así asumir en un mayor período de tiempo las afectaciones de la pandemia. Actualmente, el contrato es de plazo fijo, con una duración de 20 años, por lo que termina en 2035.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ha señalado que «hay que respetar el contrato que tenemos», por lo que no se buscaría modificarlo hasta el momento.
«Tenemos muy claro el impacto que esto tiene y por esa misma razón estamos buscando todas las maneras que podamos colaborar, pero siempre dentro de lo que corresponde a dos elementos fundamentales: uno que es respetar el contrato que tenemos, donde establece cuales son los derechos y deberes de cada una de las partes, y en segundo lugar respetar los intereses del Estado de Chile y de los chilenos», dijo la autoridad a Diario Financiero el pasado 17 de noviembre.
En cuanto a la postura del ministro, Lortat-Jacob espera que en la mesa de trabajo «se dé una conversación franca, abierta, sin restricción de temas a abordar, para así lograr el mejor acuerdo para el país y el sistema de concesiones»…
