La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) se muestra muy decepcionada ante la última decisión administrativa (DA 683/21 del 9 de julio) del gobierno argentino, que una vez más abandona a su suerte a los ciudadanos y residentes actualmente varados fuera del país y sigue sin considerar los requerimientos operacionales de la industria aérea. Por lo que renueva su llamado al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para que acceda a la solicitud de una reunión para elaborar un plan a largo plazo que permita a las aerolíneas restablecer la fiabilidad de los vuelos internacionales a esta nación.
“Aunque los nuevos cupos prevén un aumento mínimo y gradual durante las próximas semanas, es insuficiente para resolver la situación de los pasajeros que siguen tirados por el mundo. Como la vigencia de lo anunciado es solo hasta el 6 de agosto, las compañías aéreas están imposibilitadas para confirmar una fecha cierta de vuelo a sus pasajeros posterior a ese día, seguimos sin tener claridad y previsibilidad en las autorizaciones de vuelos y capacidades. Además, no sabemos cuál es la metodología que usan las autoridades para la distribución y asignación. El proceso sigue totalmente arbitrario y a veces parece ser discriminatorio”, indicó Peter Cerdá, Vicepresidente Regional de IATA para las Américas.
La recuperación socioeconómica del país está altamente relacionada con un sector aéreo activo y competitivo, pero el impacto de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno golpea cada vez más fuerte: Unos 5.91 mil millones de USD de contribución del sector al PIB de Argentina y unos 43.057 mil empleos están en riesgo por el COVID-19, reduciendo la oferta de itinerarios y la conectividad con 107 pares de ciudades, que equivalen a perder cerca de 21,000 frecuencias (junio 2021 comparado al junio 2019). Ejemplos de esta bajada de conectividad son la cesión completa de operaciones de LATAM Argentina, la cancelación completa de los vuelos entre Buenos Aires y Auckland así que entre Buenos Aires y Doha, al igual que la suspensión de conexiones entre Buenos Aires y Addis Abeba, Buenos Aires y Londres o vuelos regionales entre Argentina y Brasil y Chile.
“Sin que los organismos del gobierno trabajen de manera conjunta con las compañías aéreas −es muy probable que más aerolíneas suspendan e incluso abandonen su actividad en Argentina en el corto plazo, impactando la ya mermada conectividad del país con el resto del mundo. Más que para las aerolíneas, el daño es para el país y sus habitantes, muchas personas siguen perdiendo sus fuentes de ingreso, empleos y lo que es peor, la libertad de viajar”, añadió Cerdá.
Con referencia a las nuevas directrices publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomiendan un «enfoque basado en riesgos» para la implementación de medidas relacionadas con el COVID-19 y los viajes internacionales, Cerdá comentó: “Urge que el gobierno argentino siga el desarrollo científico para manejar el acceso al país durante la pandemia. Hay una alta probabilidad que el COVID-19 se vuelva endémico y la solución a largo plazo no puede ser seguir restringiendo la libertad de viajar en la forma actual con medidas generalizadas”.
