El nuevo proyecto de ley que plantea la selección de asiento, así como portar una maleta de mano de hasta 10 kilos, aplicable para todas las tarifas y sin costo adicional, aleja al Perú de las mejores prácticas comerciales de aviación a nivel global.
Cabe recordar que, el transporte aéreo de pasajeros en el Perú logró un crecimiento significativo entre 2011 y 2019, pasando de 18 a 40 millones de viajeros. Durante este mismo período, los precios de los boletos para vuelos nacionales e internacionales se redujeron aproximadamente en un 40%. Este notable desarrollo se alcanzó, en gran parte, gracias al modelo de flexibilización de tarifas adoptado por las aerolíneas en el competitivo mercado aéreo peruano, cuyo enfoque se basa en permitir a los usuarios decidir cómo y por cuánto desean viajar.
De prosperar este proyecto, que no cuenta con ningún análisis técnico que lo respalde (INDECOPI, MTC y MINCETUR opinaron en contra), no solo se estarían violando los derechos constitucionales de las empresas. También, se obligará a los operadores a homogenizar sus diferentes tarifas para lograr mantenerse sostenibles, perjudicando a los pasajeros con precios base más altos -como en épocas pasadas-, lo que dificultará que personas de menores recursos puedan acceder a este servicio esencial, dejando fuera a millones de peruanos.
Si trasladamos este tipo de lógica regulatoria a otros mercados -donde tampoco existe ninguna falla-, tendríamos, por ejemplo, que obligar a todos los que acuden a un estadio para ver el fútbol o escuchar un concierto a pagar exactamente lo mismo independientemente de que se sienten en la primera o última fila, en la parte lateral o con vista directa. De igual forma, si se tratara de los hoteles, los huéspedes tendrían que recibir la misma cuenta (más alta por supuesto), a pesar de que hayan elegido dormir en una cama de 1 plaza en lugar de una King o de que hayan elegido la habitación con vista interna y no la de vista externa o, peor aún, que paguen siempre por el desayuno sin importar que no quieran incluirlo en la tarifa.
Esta misma -errada- premisa es la que se está queriendo aplicar al sector aéreo, pero su impacto negativo sobre la demanda del servicio será particularmente relevante si consideramos que, actualmente, cerca del 80% de los pasajeros del sector aéreo en el Perú adquiere la tarifa base. De esa cifra, el 75% no opta por tributos adicionales, lo cual, consecuentemente, afectará la cantidad de frecuencias, capacidad y desarrollo de nuevas rutas nacionales e internacionales. Muchas de estas rutas están impulsadas por el estímulo que generan los bajos precios.
Por todo ello, para lograr que más peruanos continúen viajando, es necesario fomentar una industria más moderna y competitiva, que permita a las empresas operar con seguridad jurídica y estabilidad a largo plazo. La regulación excesiva -y contraproducente- significará un freno para el crecimiento de la aviación, el turismo y el comercio, limitando las oportunidades de desarrollo social y económico del país.
Por: Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA
