La Asociación de Líneas Aéreas de Costa Rica (ALA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) advierten que el proyecto de ley que busca fomentar vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica y República Dominicana —que ya ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en primer debate— logrará el efecto contrario al buscado por el legislativo.
Aunque la industria apoya plenamente la idea de mejorar la conectividad área del país, estipular un valor máximo de la tarifa aplicable a un impuesto reducido por parte del gobierno, limitará la oferta de servicios al pasajero. El proyecto ha sido promovido bajo el argumento de fomentar el tráfico aéreo intrarregional. Sin embargo, con tal restricción, las líneas áreas no podrán ofrecer la totalidad de sus tarifas y productos, lo que desincentivará su interés de desarrollar el mercado centroamericano. Además, lo propuesto contraviene leyes y acuerdos internacionales existentes de los que Costa Rica es parte.
Desde la segunda mitad del Siglo 20, la industria aérea a nivel mundial se ha movido hacia mercados desregulados. Existe amplia evidencia que sugiere que los países que han desmontado los esquemas de fijación de precios obtienen un efecto positivo para el consumidor y la conectividad aérea. Por ejemplo, Colombia decidió en 2012 eliminar los topes tarifarios y, como resultado de esta decisión, las tarifas se han reducido significativamente y el mercado ha crecido a una tasa promedio anual del 6.7%. Por esto, imponer un límite en las tarifas aéreas —independientemente del monto que sea— podría ser considerado como control de precios, lo que limitaría la libre competencia, reduciría la apertura de nuevas rutas y afectaría la conectividad de Costa Rica. En resumen, se produce el efecto contrario de lo que pretende esta iniciativa.
Para que la aviación actúe realmente como un catalizador económico, el gobierno costarricense debería, en lugar de establecer condiciones que limitan la oferta tarifaria, fomentar la competencia en el mercado aéreo al permitir a las aerolíneas ofrecer, de manera libre, los servicios asociados a las necesidades e intereses del usuario y las consideraciones de mercado. Esto se logrará, por ejemplo, con la reducción de las tasas e impuestos sobre los boletos aéreos para todo tipo de vuelo, sin condiciones de montos máximos de tarifas o rutas específicas.
Instamos a los miembros de la Asamblea Legislativa a establecer un diálogo con la industria para reformar la propuesta de ley con soluciones equitativas que permitan potenciar los beneficios que el transporte aéreo trae al país y sus ciudadanos.
