El 11 de julio de 2012, semanas después de que el gobierno que por entonces encabezaba el presidente José Mujica decidiera su cierre, la Justicia abrió el concurso voluntario de acreedores de Pluna SA. Ese complejo proceso judicial verificó deudas con acreedores por más de US$ 200 millones.
El concurso, que actualmente está a cargo de la jueza Sylvia Rodríguez, definirá el orden en que cobrarán los acreedores. Lo cierto es que ese dinero no alcanzará para todos, dado que el capital de la masa concursal está compuesto básicamente por la venta de los siete aviones Bombardier CRJ-900 que fueron enajenados el año pasado por US$ 70 millones.
La semana pasada, luego de más de cuatro años de trámite judicial, la sindicatura de Pluna S.A (a cargo de la Asociación Uruguaya de Peritos) le pagó a los primeros acreedores: se trata de unos 300 exfuncionarios. En los próximos días otras 150 personas tendrán disponibles sus créditos laborales, informó a El Observador el síndico Gabriel Ferreira.
Esos pagos (destinados principalmente a personas que se desempeñaban como empleados de tierra de la aerolínea) totalizan unos US$ 2 millones y representan el primer uso concreto del dinero generado con la venta de los aviones, dijo Ferreira. Otros 300 exfuncionarios de Pluna SA están en juicio contra el concurso porque no aceptaron las liquidaciones que les fueron presentadas.
En diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelaciones Civil de 2º Turno ratificó la decisión que había tomado en su momento la jueza Teresita Rodríguez Mascardi (que inicialmente intervino en el concurso) de considerar los créditos reclamados por Pluna Ente (socio minoritario de la aerolínea) como «subordinados» y no «privilegadios». Eso, en términos accesibles, quiere decir que el Estado debe ir al final de la lista de acreedores, sin tener chances reales de cobrar.
La sindicatura inició un juicio contra Leadgate (el empresario Matías Campiani y sus socios) por capitalizaciones incumplidas por US$ 52 millones. Por otro lado, pidieron que el concurso de Pluna SA sea declarado «culpable», lo que implicaría que los socios privados y el Estado deberían cumplir antes los acreedores a los que el concurso no puede pagarles.
A su vez, la sindicatura y el fideicomiso que inicialmente administró los aviones y promovió el frustrado remate de octubre de 2012, cruzan juicios que suman US$ 84 millones: el fideicomiso reclama US$ 35 millones (la mitad del precio de vente de las aeronaves) y la sindicatura demanda US$ 49 millones, monto en el que estimó la desvalización de los siete Bombardier CRJ-900 mientras estuvieron bajo control del fideicomiso que fue creado por la ley de liquidación de Pluna SA y cuya operativa fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia a fines de 2013…
