El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas, por importe de 50.000 millones, cantidad de la que la mayor parte (40.000 millones) serán avales del ICO para nuevos proyectos de inversión, mientras que reserva 10.000 millones para que empresas estratégicas con problemas de solvencia por la pandemia reciban apoyo del Estado.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto-ley de Medidas Urgentes para Apoyar la Reactivación Económica y el Empleo, anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De nuevo, el Ejecutivo lanza líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), después de las que ya puso a disposición por valor de hasta 100.000 millones de euros para aliviar en las empresas los efectos de la crisis desencadenada por la pandemia.
En las anteriores ocasiones, el objetivo de las líneas fue dotar de liquidez a las empresas, mientras que los 40.000 millones en avales que se han aprueban ahora serán para apoyar nuevas inversiones de empresas y autónomos en áreas donde se genere mayor valor añadido, y que giren en torno a los ejes de sostenibilidad ambiental y digitalización.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la firma del pacto por el empleo con sindicatos y patronal, ha señalado que con las anteriores líneas de avales ICO-COVID se efectuaron 10.000 operaciones de financiación al día, que movilizaron recursos por valor de 60.000 millones, con los que se facilitó liquidez a más de 400.000 empresas, el 98 % de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.
APOYO PÚBLICO A EMPRESAS ESTRATÉGICAS
El Gobierno, con el real decreto-ley aprobado hoy, da un paso más en el apoyo a las empresas y crea un instrumento, dotado con 10.000 millones de euros, para prestar apoyo público temporalmente a empresas estratégicas que atraviesen «severas dificultades» por la crisis del COVID-19.
A través de este Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el Estado podrá conceder préstamos participativos, adquirir deuda subordinada o suscribir acciones de esas compañías.
La creación de este fondo, que gestionará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea (CE), que el pasado 8 de mayo aprobó la modificación del marco temporal de medidas de ayuda estatal frente a la pandemia para incluir iniciativas encaminadas a permitir la recapitalización de empresas no financieras en dificultades por el COVID-19.
Otros estados miembros de la Unión Europea (UE) ya han acudido al rescate de compañías, especialmente aéreas, como Alemania que ha aprobado un rescate para Lufthansa por importe de 9.000 millones de euros y ha entrado en el accionariado del grupo de aerolíneas germano para evitar que se declarara insolvente.
Ayer mismo hizo lo propio el Estado portugués, que ha pasado a tener el 72,5 % de la compañía aérea TAP, a la que inyectará 1.200 millones.
En el caso del Fondo que se crea en España, el apoyo público del Estado será para empresas consideradas estratégicas y podrán tener esa consideración por distintos motivos: impacto social y económico, relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o contribuir al buen funcionamiento de los mercados.
Sánchez ha dicho que la finalidad del fondo es «garantizar la continuidad y solvencia de las empresas que son o eran perfectamente viables o solventes y constituyen el corazón del tejido empresarial y productivo», al tiempo que ha señalado que se va a reforzar con los recursos europeos adicionales del nuevo instrumento financiero de solvencia que será aprobado muy pronto.
Las empresas interesadas son las que deberán solicitar acceso al fondo y deberán cumplir las condiciones previstas en el marco temporal comunitario y las que serán fijadas próximamente por el Consejo de Ministros, según ha explicado el Ministerio de Hacienda…
