El (más reciente) conflicto social que actualmente está afectando la operatividad del destino Machu Picchu se debe principalmente a la falta de orden en el proceso de licitación y transición de la operación de buses de transporte turístico en la ruta Hiram Bingham que conecta Machu Picchu Pueblo con la llaqta como resultado directo del incumplimiento de la Municipalidad Provincial de Urubamba de organizar el concurso público a tiempo.
A causa de las protestas y los bloqueos de la ruta, se ha registrado el lanzamiento de piedras desdelasladeras de los cerros por parte de pobladores que ya han sido identificados. Esta situación ha generadounriesgo inminente para la seguridad de los turistas, de la población y del personal que trabaja en la prestaciónde servicios. Debido a la falta de garantías, los operadores ferroviarios han optado por suspender los serviciosde tren entre Ollantaytambo y Machupicchu por tiempo indefinido, hasta que las condiciones de seguridadpuedan ser restablecidas.
Este conflicto es el síntoma más reciente de la falta de autoridad competente en la gestión de Machu Picchu, dada la atomización de competencias y funciones entre distintas instituciones y estamentos del Estado, entreellas: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) adscrita al Ministerio de Cultura (MINCUL), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Gobierno Regional del Cusco (GORE-Cusco), Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), Municipalidad Provincial de UrubambayMunicipalidad Distrital de Machu Picchu, entre otros.
Los gremios del sector turismo proponemos que el Gobierno, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) asuma un rol de liderazgo directo en la implementación de las siguientes acciones, con el objetivo de establecer mecanismos permanentes para la prevención y resolución de conflictos sociales, en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley N° 29158:
1) Ejercer sus funciones bajo el principio del imperio de la ley y autoridad tomando acciones claras ycontundentes frente a quienes promueven el desorden y la violencia para lograr sus objetivos.
2) Declarar al Santuario Histórico de Machupicchu como Activo Crítico Nacional a fin de proteger suinfraestructura estratégica y garantizar su operatividad ininterrumpida. Dicha medida buscasalvaguardar los medios de vida y el desarrollo económico de la población local, cuya subsistenciadepende de manera directa de la actividad turística.
3) Instalar una mesa técnica interinstitucional para restablecer el orden público, la seguridad jurídicaygarantizar los derechos y el libre tránsito tanto de los turistas como de todos los actores delacadena de valor turística, incluyendo a los prestadores de servicios y trabajadores.
4) Asegurar que el proceso de licitación y transición de la operación de la ruta HiramBinghamsedesarrolle bajo los principios de transparencia, predictibilidad y legalidad, garantizando la formalidad, seguridad y sostenibilidad en la prestación del servicio.
5) Crear una Autoridad Autónoma Nacional de carácter técnico para concentrar y articular la gestión integral del Santuario Histórico de Machu Picchu. Dicha entidad deberá integrar la protecciónyconservación del patrimonio cultural y natural con la gestión sostenible de la actividad turística, como ejes complementarios para una gestión a largo plazo. Esta nueva autoridad sustituiríaalaactual Unidad de Gestión de Machu Picchu.
El turismo no puede seguir siendo rehén de conflictos locales, intereses políticos, intereses personales ni delafalta de planificación. Machu Picchu representa la imagen del Perú en el mundo y su afectación pone en riesgo hasta el 40% del turismo receptivo del país, golpeando especialmente a Cusco, donde el turismo representa más del 20% del PBI regional.
