El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que arrendará directamente los espacios comerciales en la Terminal ,1 ya que el 31 de diciembre terminó la vigencia del contrato con la empresa Fumisa, la cual a su vez argumenta que esa acción contraviene una resolución judicial.
«Los espacios del aeropuerto son bienes de dominio público de la Nación y a la conclusión del contrato están de nueva cuenta en posesión del AICM, quien es el concesionario del aeropuerto, los terrenos y construcciones que lo integran, y actualmente el único facultado para arrendar los espacios comerciales», afirmó el aeropuerto en un comunicado.
Señaló que a partir de este 1 de enero el AICM «ha celebrado contratos con los arrendatarios y continuará la formalización de los mismos con quienes aún no regularizan su situación».
Añadió que los servicios necesarios para la debida atención de los pasajeros «se prestan con toda normalidad en el aeropuerto de la Ciudad de México».
Por su parte, Fumisa emitió la víspera un comunicado en el que reiteró a sus subarrendatarios en el AICM que «los acercamientos de que han sido objeto por parte de los funcionarios de dicho aeropuerto conminándolos a firmar contratos de arrendamiento con ellos a partir de enero de 2014 carecen de sustento legal y de firmarse se estaría contraviniendo una orden judicial vigente».
Fumisa, que forma parte del grupo estadounidense Advent International, amplió el área internacional de la Terminal 1 del aeropuerto a través de un contrato que permite a la empresa subarrendar espacios comerciales para recuperar su inversión. Las obras se iniciaron en 1991 y concluyeron en 2005.
El contrato también establece que de no alcanzarse la tasa interna de retorno acordada de 12,82% al 31 de diciembre de 2013, «se ampliaría el plazo» de vigencia del contrato, explicó el director de Fumisa, Ruffo Pérez Pliego, en una entrevista telefónica.
«Fumisa y AICM tuvieron diferencias en cuanto a interpretación y metodologías de cálculo de retorno, y como resultado de estas diferencias se siguió un litigio en tribunales», detalló el ejecutivo, quien aseguró que ya existe «una sentencia judicial en la que se estipula que se amplía el periodo de concesión».
Igualmente, afirmó, «esta tasa ha sido validada por cuatro instancias judiciales» por lo cual, a su juicio, «sería necesario extender el control de los espacios (comerciales) por al menos otros diez años».
De acuerdo con Pérez Pliego, la inversión original fue de 1.200 millones de pesos pero en cifras actualizadas el monto rondaría los 4.900 millones de pesos (US$375 millones).
«Si la tasa interna de retorno era mayor a una tasa objetivo acordada por las partes, el contrato de arrendamiento vencería y Fumisa tendría que pagar ciertos excedentes al aeropuerto. Por el contrario, si era menor a la tasa objetivo, el contrato de arrendamiento seguiría su vigencia hasta alcanzar dicha rentabilidad», argumentó.
El directivo explicó que hasta fines de 2011 «la tasa estaba por debajo del cinco por ciento debido a que, en los primeros años de operación, en plena crisis económica de 1994, los flujos de la compañía fueron negativos»…
