Tras meses de sacar cuentas y auditar Aerolíneas Argentinas (AA), el Gobierno daría un paso más en busca de la austeridad y anularía la normativa que obliga a sus funcionarios a viajar por la empresa de bandera nacional. Así, los ministros, secretarios y demás empleados de rango político se transportarán por medio de otras compañías aéreas.
No son un misterio las razones de tal determinación, pues, según La Nación durante los primeros nueve meses de 2015 el Estado pagó 852 millones de pesos por costos de pasajes emitidos. Además, los problemas de logística dificultan la movilidad dentro del territorio nacional.
Según el decreto 1191 del 2012, promulgado por Cristina Kirchner, los ministros, secretarios de Estado y principales funcionarios de la administración pública están obligados a contratar a Aerolíneas Argentinas para viajes oficiales dentro y fuera del país, siempre y cuando la aerolínea estatal cubra las rutas requeridas.
Esta disposición beneficia no sólo a AA, sino también a Optar S.A., operadora mayorista de la compañía estatal, la cual estaba manejada por La Cámpora y cobraba un 3 por ciento de las ganancias de los pasajes que después retornaba a la empresa de aviación…
