A raÃz de los ataques terroristas del 11 de septiembre 2001, que dejaron más de tres mil muertos y seis mil personas heridas, el sector aéreo estadounidense ha invertido más de 100 mil millones de dólares hasta la fecha para adoptar progresivamente nuevas medidas de seguridad en sus operaciones, y así evitar que los aviones comerciales sean utilizados como armas letales.
En un principio, el gobierno estadounidense planteó la reestructuración de la seguridad aérea a través de la creación de varias instituciones, incluyendo del Departamento de Seguridad Interior y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés).
Esta última dependencia es la principal responsable de efectuar los protocolos de seguridad integral en tierra, siendo los más notorios las inspecciones individuales en los puntos de control migratorio, que desde entonces se han vuelto la norma.
Sin embargo, incidentes como el del 22 de diciembre del 2011 en el vuelo 63 de American Airlines, cuando un fundamentalista islámico de origen británico trató de estallar un avión con un artefacto escondido en la suela de sus tenis, han provocado cambios en los procedimientos mencionados, como el hecho de que ahora los agentes de la TSA piden a los viajeros que remuevan sus zapatos.
Otras medidas incluyen: la integración de agentes federales encubiertos en los vuelos (los llamados «air marshals»); la creación de la «lista de exclusión aérea», un expediente de aquellos ciudadanos impedidos por el gobierno para viajar por vía aérea, y la instalación de mecanismos a prueba de balas, que imposibilitan a los pasajeros abrir las puertas de la cabina de pilotos.
Por su parte, los aeropuertos han inducido cambios sustanciales en su operatividad. Previo al atentado, había aproximadamente 16 mil empleados aeroportuarios a cargo de la revisión de los pasajeros. Hoy en día esta cifra asciende a más de 42 mil personas, las cuales en su mayoría están empleadas por el gobierno federal y cuentan con mejor entrenamiento…
