España cuenta con una red de aeropuertos mayor que la alemana en la que, tras las multimillonarias inversiones de los últimos años, hay tres terminales cerradas, cuatro que carecen de vuelos regulares y una decena más en las que apenas hay aviones. De los 42 aeródromos gestionados por AENA, un organismo todavía dependiente del Ministerio de Fomento, sólo 10 superan el umbral de rentabilidad. Cuatro de ellos son aeropuertos canarios, y el de Tenerife Sur (Reina Sofía) está en la primera posición del ranking de infraestructuras aeroportuarias más rentables de Canarias y el segundo de España, detrás del de Baleares.
De los ocho aeropuertos del Archipiélago, cuatro de ellos obtienen beneficios para el gestor público AENA. Los últimos datos que tiene el Ministerio de Fomento son de 2011 y según éstos, Tenerife Sur obtuvo 24,98 millones de euros de beneficios; Gran Canaria, 22,93 millones; Lanzarote, 8,67 millones y el aeropuerto de Fuerteventura cerró el año con un balance positivo de 1,21 millones. Por contra, los aeropuertos deficitarios en las Islas son los de La Palma, con 14,67 millones de pérdidas; Tenerife Norte (Los Rodeos), con 6,60 millones en rojo; El Hierro, con 5,29 millones de déficit, y La Gomera, con un saldo negativo de 3,72 millones.
Según esos datos, el saldo final de la cuenta de resultados del conjunto de los ocho aeropuertos canarios es positivo, con 26,91 millones de ganancias.
El número total de pasajeros que transitaron por los aeropuertos de Canarias en 2012 fue de 32.847.813, de los que más de la mitad pasaron por los aeródromos de Tenerife Sur (8.530.817) y Gran Canaria (9.892.238). Sin embargo, la deuda global del gestor público alcanza los 12.313 millones de euros y las pérdidas anuales rondan los 220 millones. Mientras, las administraciones autonómicas y locales destinan 50 millones al año a ayudas encubiertas para captar aerolíneas y fomentar la competencia entre aeropuertos que, en muchos casos, están a menos de 150 kilómetros de distancia.
En el caso de Canarias ha ocurrido lo contrario. El Gobierno central fulminó las ayudas en tasas aéreas que se daban a ciertas compañías por volar a los aeropuertos insulares. Y eso que el negocio es más que rentable para el gestor público, por lo que lo lógico habría sido seguir invirtiendo en aquellos aeropuertos que dan beneficios para mejorar aún más los resultados.
Y desde Europa se pretende apretar el cinturón y pinchar la burbuja aeroportuaria que se ha generado en España. Lo hará de forma escalonada durante la próxima década, limitando las ayudas públicas. El objetivo fundamental de la directiva que entraría en vigor a partir de 2014 es no permitir la malversación de recursos públicos en infraestructuras innecesarias o que creen distorsiones a la competencia en el mercado único.
Ayudas para los más pequeños
La futura normativa comunitaria pone el acento en las ayudas estatales a la inversión en infraestructura aeroportuaria, que únicamente «están permitidas si existe una verdadera necesidad de transporte y el apoyo público es necesario para garantizar la accesibilidad de una región».
El proyecto ha incorporado la fijación de las ayudas máximas permitidas, que dependerán del tamaño de cada aeropuerto en términos de tráfico. En este sentido, las posibilidades de concesión de ayudas son más altas para los aeropuertos más pequeños que para los grandes aeropuertos, ya que se entiende que en el caso de estos últimos aeródromos, habría mayores posibilidades de obtener financiación privada.
En principio, la merma de subvenciones de la UE no tendría por qué afectar a Canarias. Sin embargo, desde las Islas se reclama la gestión de los aeropuertos para reinvertir en ellos, si no todos sus beneficios, gran parte de los mismos.
El senador por la isla de El Hierro, Narvay Quintero, se manifestó en este sentido y abundó en que aunque AENA «ha invertido en los aeropuertos canarios, la operatividad de las infraestructuras del Archipiélago hace que sean mucho más rentables de lo que representan esas inversiones».
No obstante, afirmó que Canarias, junto con los aeropuertos de Baleares, deben tener una especificidad no solo comercial, sino social. Canarias reivindica desde hace tiempo la gestión de sus aeropuertos porque, entre otras cosas, las Islas deben ser entendidas como «un único destino, un único aeropuerto, pero con ocho pistas y donde se pueda tomar decisiones».
El senador herreño reclamó al Gobierno central la aplicación de la denominada Quinta Libertad del Aire, por la que se otorga el derecho a una aeronave de un Estado, por ejemplo Alemania, a embarcar pasajeros, correo y carga en un segundo Estado, como España, para transportarlos hasta un tercer Estado, como puede ser el caso de Venezuela, siempre que la segunda parte del vuelo sea una continuación de la primera.
Fomento prepara privatizaciones
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha emprendido una auténtica cruzada para intentar reducir el inmenso agujero económico aeroportuario que obliga a dedicar más del 40% del dinero de caja solo a pagar los intereses. La medida más importante, que era dar entrada en la empresa al capital privado, con el que se pretendían conseguir alrededor de 6.000 millones de euros, se ha visto frustrada por la elevada deuda de AENA, que ha echado atrás a los posibles inversores. Al final se ha optado por esperar a un momento más propicio. No obstante, ya está adjudicada la gestión de las áreas comerciales y las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos que se encontraban en manos de Aldeasa. Otra de las parcelas privatizadas han sido las torres de control de 13 aeropuertos, que han pasado a manos de Saerco y FerroNats por 18,1 millones. Además, AENA acaba de adjudicar la gestión de sus más de 100.000 plazas de aparcamiento en 32 aeródromos para recaudar otros 100 millones. La última operación será sacar a concurso medio centenar de licencias de asistencia en tierra. M. A. A.
