Es legalmente viable, pero difícilmente habrá un interesado porque el nombre sufrió un deterioro, aseguró Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el nuevo objetivo de la dependencia en el caso Mexicana será supervisar el proceso de liquidación de los trabajadores de la aerolínea.
Esparza señaló que las acciones de la aerolínea las tiene actualmente un despacho de abogados, por lo que harán «lo necesario para recuperar la marca y ver si alguien se interesa en usarla» , ya sea una aerolínea en operaciones en la actualidad o una nueva.
Aseguró que eso es viable legalmente, aunque «lo veo difícil porque ya el nombre sufrió un deterioro y no tiene tan buen prestigio como lo tuvo antes, pero la verdad es que a mà sí me interesaría y voy a tratar de promover que vuelva a ver la marca Mexicana en el aire» .
Señaló que después de que se dio a conocer la resolución de quiebra de la empresa, el pasado 4 de abril, ahora viene un proceso de liquidación a cargo de un síndico, el cual designará la SCT con el objetivo de proteger los intereses de los trabajadores.
Explicó que la labor de la SCT en dicho proceso consistió en proteger el centro de mantenimiento de la aerolínea y los aviones que tenía en garantía el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) , para que cuando viniera la resolución, en este caso la quiebra, pudiera representar un ingreso a los trabajadores.
En ese sentido, Ruiz Esparza mencionó en entrevista radiofónica que uno de los aspectos que tiene todavía un valor relevante es el centro de manteamiento de la aerolínea, conocido como MRO y que significó la única compañía del grupo de Mexicana que logró su reestructura tras el concurso mercantil.
Para la base de mantenimiento, explicó, se espera que vuelva a dar servicio a las aeronaves bajo el mando de una nueva compañía.
En el caso de las aeronaves, señaló que debe verificar su buen funcionamiento pues llevan más de tres años sin operar, por lo que si se encuentran en buen estado se pueden incluir en el patrimonio que les corresponde a los trabajadores.
Abundó que en el caso de los acreedores, éstos entendieron claramente el problema y fueron solidarios con la postura del gobierno, de cuidar y proteger a los trabajadores, pues cedieron su derecho de cobro a un fideicomiso cuyos únicos beneficiarios son los trabajadores…
