El informe definitivo de la Administración Concursal confirma los peores augurios sobre la quiebra de Spanair y certifica la mayor bancarrota en la historia de la aviación española. La compañía presidida por Ferran Soriano, ex directivo del FC Barcelona, acumula un pasivo de 571,8 millones de euros a los que hay que sumar 72 millones de créditos y unos activos de apenas 52, 4 millones. La aerolínea fue sostenida artificialmente durante años por las administraciones catalanas, que invirtieron cerca de 200 millones.
Este auto supone que a partir de ahora la Administración Concursal tiene quince días para presentar un plan de liquidación y establecer los pasos a seguir para vender los pocos activos que son propiedad de la aerolínea. La valoración de esos activos, según el informe definitivo de la Administración Concursal, es de 52 millones euros, frente a un pasivo concursal, generado antes de la declaración de concurso, de 571 millones de euros, lo que supone un déficit patrimonial de 519 millones de euros. Por su parte, los créditos contra la masa (entre los que se encuentran las indemnizaciones por despido de los empleados) generados durante la tramitación del concurso ascienden a la cantidad de 72 millones.
La fase de liquidación, sin embargo, no supone ni el comienzo de las ventas de activos ni el comienzo del pago de los créditos ni la apertura de la sección de calificación del concurso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de hecho, advirtió de que no está asegurado que los acreedores de los créditos firmados con la empresa aeronáutica vayan a cobrar su aportación. Las primeras deudas en atenderse serán las generadas durante el concurso, después se atenderán las deudas bancarias con prioridad "“son las que tienen garantías con objetos físico"” y, luego, si queda dinero, el resto. Sin embargo, con los activos a en la mano, a duras penas podrá hacer frente a un 10 por ciento de las deudas.
Spanair fue un experimento fallido de la Generalitat, el Ayuntamiento y varias instituciones de la sociedad civil catalana para crear una gran aerolínea de bandera que convirtiese a El Prat en un gran nudo de conexiones. Sin embargo, la estructura de la aerolínea y la fuerte competencia de las compañías de bajo coste acabaron con el proyecto nacionalista. La gestión de Spanair, además, no estuvo exenta de polémica, ya que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona inyectaron dinero en la compañía a través de empresas públicas que le valieron los recelos de Bruselas. De hecho, el propio conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, reconocía que daba por perdida la inversión en la compañía.
El 30 de enero de 2012, Spanair presentó concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros y un Expediente de Regulación de Empleo de extinción para sus 2.075 trabajadores. Tras tres años de andadura y de pérdidas continuadas la compañía se quedaba en tierra.
