Sanción se aplicó en juicio de tutela laboral que activó un dirigente sindical contra la empresa. Firma acusa que el castigo es desproporcionado y estima daño por US$ 50 millones.
El 21 de marzo, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a Latam Airlines en un juicio de tutela laboral que implicó la vulneración de derechos fundamentales de un dirigente sindical. El fallo tuvo una dura consecuencia: amparándose en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se generó la prohibición para la empresa de celebrar contratos con el sector público por dos años.
Dicha normativa establece que «quedarán excluidos (de ser proveedor del Estado) quienes, al momento de la presentación de la oferta o de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años».
El caso se generó luego que el presidente del sindicato interempresa de Latam, Sebastián Lobos, denunciara el hurto en el casillero que le había proporcionado la compañía de objetos personales y de documentos confidenciales de la organización sindical que representa. Ello significó el inicio de una investigación penal y el cambio de las cerraduras de los casilleros del trabajador y de otros funcionarios. En paralelo, el dirigente presentó una demanda por vulneración de su derecho a la vida privada, por el hurto y por no haber estado presente en el cambio de la cerradura de su casillero. Este último hecho fue acogido por el tribunal laboral y derivó en la condena por afectación de derechos fundamentales.
Consciente del impacto negativo que tendría la aplicación de esta sanción en sus ingresos económicos, la aerolínea presentó ante el Tribunal Constitucional (TC), la semana pasada, un recurso de inaplicabilidad para frenar la aplicación de la condena por tutela laboral y, por ende, que no proceda la sanción que le impediría celebrar contratos con el fisco. La acción impugna la constitucionalidad de la norma que obliga a la Dirección del Trabajo a registrar este tipo de condenas y comunicarlas a Chile Compra. También cuestiona en el fondo el artículo que prohÃbe ser proveedor del Estado por prácticas antisindicales y vulneración de derechos de los trabajadores.
En el recurso se acusa que el castigo es desproporcionado y advierte que si se mantiene a firme, Latam se vería impedida de realizar negocios por cerca de US$ 50 millones ($30 mil millones) con Chile Compra. Añade que la cuantía de la sanción sería superior al presupuesto fiscal de la Región de Magallanes ($27 mil millones), a la multa que se aplicó en el juicio por la colusión del papel tissue a SCA y a los pagos a beneficio fiscal aplicados a tres de los sancionados en el caso Cascadas…
