En la sucesión adelantada que estamos viviendo, se asoman algunos temas que requieren análisis puntuales para la toma de decisiones inmediatas y otros que son de más largo plazo y que tienen que ver con temas de política de Estado. Entre las primeras, además de la decisión sobre el Nuevo Aeropuerto, una de las que más ha llamado la atención es la intención de vender el avión presidencial Boeing 787.
El Dreamliner “José María Morelos y Pavón”, contratado por Calderón, fue adquirido ya en este sexenio. Como quien dice, está nuevecito. Formó parte de un paquete que la Boeing le vendió a Aeroméxico, por lo que su precio sería inferior a una adquisición individual.
Sin embargo, desde que fue anunciada su compra se plantearon mejoras tecnológicas y adaptaciones de jefe de Estado, y aunque se cuestionó su costo y pertinencia la decisión fue comprarlo para evitar escalas en los viajes largos y garantizar el transporte de todos los acompañantes que suele llevar un presidente en las giras internacionales.
Sea como sea, el Dreamliner no es el único avión que posee Presidencia. Hay otras doce aeronaves de diversos modelos y once helicópteros. Todos ellos, se ha dicho, serían utilizados para obras sociales si es que el hoy presidente electo, una vez que haya tomado posesión de su cargo el 1 de diciembre próximo, decide llevar adelante su intención de no volar con esta flota y desvincular al Estado Mayor Presidencial, enviando sus efectivos y aparatos a la Sedena.
Hay quien ha dicho que es imposible vender el Dreamliner. Esto no es del todo cierto, la propia arrendadora podría colocarlo en algún país que requiera un avión presidencial (no son pocos) y podría optarse por conservar el resto de la flota o parte de ella, pues hay un Boeing 757 –el Presidente Juárez-; dos Boeing 737 y otros aviones más pequeños que son usados para viajes más cortos o menos complicados.
Aquí la pregunta importante es si el presidente de México puede viajar en aerolíneas comerciales en sus visitas de Estado. No parece haber impedimento jurídico (a reserva de que nos lo aclaren los encargados del protocolo) pero habría que pensar si esto no podría entorpecer los vuelos comerciales, de por sí cargados ya de tantos estorbos en torno a la seguridad de las operaciones desde el 9 de septiembre del 2001.
Hay muchos ejemplos en varios sentidos. Países que han optado por mantener flotas especiales para el traslado de sus presidentes, primeros ministros o, en su caso, miembros de las familias reales. Otros rentan en carácter de chárter aviones de sus aerolíneas de bandera y en algunos casos sí se usan vuelos comerciales, arrostrando todos los inconvenientes que estos conllevan al resto de los pasajeros.
No es bueno ser ave de mal agüero, pero nuestro país está apenas enfrentando las secuelas de la guerra anti-narco que, en su momento, declaró Calderón, decisión que muchos criticamos porque careció de una estrategia que permitiera tal vez no ganarla, pero al menos contener el explosivo crecimiento del crimen organizado, cosa que no ocurrió y sí se propició lo contrario, un descontrol que aún no sabemos cómo va a enfrentarse.
Por esta razón, porque no tenemos el clima de paz que este país requiere y aún no está claro qué sucederá con los actores de esa guerra, es que conviene garantizar la seguridad de nuestro próximo presidente de todas las maneras posibles. Ello no incluye lujos ni dispendios, pero sí mucha prudencia y también poner en la ecuación a los usuarios del transporte aéreo.
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