Ayer liberaron a los empleados de la empresa Aerohangling apresados anteayer. Los acusan de robar objetos de los equipajes de pasajeros de las líneas Aerolíneas Argentinas y Austral.
El juez federal Ariel Lijo liberó ayer a las seis personas acusadas de robar pertenencias de pasajeros de las líneas Aerolíneas Argentinas y Austral en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, que habían sido detenidas anteayer.
Fuentes judiciales informaron a DyN que los acusados fueron liberados porque el juez consideró que no tienen antecedentes penales, no hay riesgo de que se fuguen y tampoco corre peligro la continuidad de la causa. A los acusados se les prohibió la salida del país y deberán presentarse en los tribunales cada 15 días.
El fiscal federal Patricio Evers se había pronunciado ayer a favor de la excarcelación de los seis detenidos en relación con la causa denominada «los abrevalijas».
El fiscal consideró que están reunidos los requisitos para acceder a las excarcelaciones, pues «están a derecho, tienen domicilio fijado y no representan peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación».
Los detenidos pertenecen a la empresa Aerohandling, una compañía que depende de Aerolíneas Argentinas y Austral, que se encarga de proveer todos los servicios de rampa a los aviones de las empresas de bandera.
La causa se inició por la denuncia del propio titular de Aerolíneas, Mariano Recalde, alertado, según él mismo indicó, por los dichos de pasajeros.
Ayer por la mañana varias personas que se declararon damnificadas de esos robos se acercaron al juzgado alertadas por la difusión pública del caso para reconocer entre los elementos secuestrados en los allanamientos sus eventuales pertenencias.
Un detenido se defendió. Por su parte, el único detenido por el caso de los «abrevalijas» que prestó declaración indagatoria rechazó todos los cargos, justificó con papeles la compra de los objetos que le fueron secuestrados y contragolpeó contra el titular de Aerolíneas Argentinas y denunciante en la causa, Mariano Recalde.
Carlos Alberto Vivaldo, quien declaró anteayer ante el juez federal Ariel Lijo, explicó que «no tenía acceso a la bodega de los aviones», donde supuestamente se cometen los robos, porque su función como supervisor del servicio de rampa de la empresa Aerohandling es «coordinar la carga, pero no cargar». «No tengo contacto con la bodega, ya que no tengo contacto directo con el equipaje, pues mi función es la de coordinar, no la de cargar», le explicó Vivaldo al juez.
En su misma situación ubicó a otro imputado, Osvaldo Rodríguez Durand: «El es operador de equipo y tampoco tiene contacto con las bodegas», añadió. Vivaldo -hermano de un ex arquero de fútbol- está acusado de integrar «una organización» que «tendría como fin apropiarse de objetos de valor de los equipajes» que «habrían sido posteriormente ofrecidos a la venta en portales comerciales y el dinero producido habría sido depositado en una cuenta bancaria de la organización».
El imputado reconoció ser el titular en una cuenta del sitio de internet, Mercado Libre: «La tenía para vender celulares, ya que soy bastante fanático. Vendà dos teléfonos que eran míos… También publiqué una Playstation 3, que no vendà y que había comprado en Juárez Comfort con la tarjeta Visa de Banco Comafi de mi mujer. También publiqué a la venta perros labradores», declaró.
Además, Vivaldo negó poseer una cuenta bancaria con el resto de los acusados y aseguró que su «única cuenta está en el Banco Patagonia», en la que le es depositado su sueldo.
En tanto, el abogado de Vivaldo, Andrés Rabinovich, presentó ayer un escrito ante el juez Lijo en el que denunció «interferencias políticas dentro del Poder Judicial». Según expuso el defensor, cuando su cliente «todavía no había comenzado a prestar declaración indagatoria Recalde, funcionario del gobierno y presidente de varias empresas pertenecientes al Estado, borrando de un plumazo el principio de inocencia ya daba por hecho no sólo la culpabilidad (de los detenidos) sino la aprehensión de una gran mafia». Rabinovich advirtió que entre los elementos de prueba hay «escuchas telefónicas irrelevantes que no hacen a la causa» y señaló además que «no existen videos ni otra cuestión comprometedora», por lo que concluyó que «el trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue muy pobre o no existe ningún elemento que comprometa en algún delito a Vivaldo».
El escrito califica a los ex detenidos como «seis perejiles que desempeñan fielmente su labor y quizá por no pertenecer a organizaciones partidistas (La Cámpora) reciben este tipo de bombardeo mediático y judicial».
A denunciar en el aeropuerto…