En este segundo tramo del sexenio hay pendientes en la industria del transporte aéreo que es necesario resolver para que nuestra aviación se inserte en la globalidad de una forma más sólida.
Una vez que el proyecto del nuevo aeropuerto se ha echado a andar, que la capacitación técnica aeronáutica ha iniciado un nuevo ciclo, que existe, al menos en trámite ante el Senado, un nuevo acuerdo bilateral con los Estados Unidos de América y que nuestra principal aerolínea está formalizando una alianza más estrecha con su socio en el país del norte, es necesario que se estructure el binomio política-instituciones para que todas esas variables se asienten correctamente.
Aprovechando las declaraciones del nuevo titular de Aeronáutica Civil (DGAC), Miguel Peláez Lira, acerca de la política de Estado y de las instituciones que acompañarán estos ordenamientos, es conveniente mencionar que nuestro país requiere con urgencia que estas dos variables se discutan para que las viejas estructuras se renueven.
Peláez hizo alusión a un tema de larga data, relativo al conflicto que se presenta entre la dependencia que encabeza y la dirección de investigación de accidentes que, en principio, debiera ser totalmente independiente de la DGAC pues sus hallazgos y recomendaciones comúnmente involucran a funcionarios de la misma dependencia.
Al inicio del sexenio el entonces subsecretario de Transportes, Carlos Almada, habló de la creación de dos instancias autónomas, la Agencia de Investigación de Accidentes y la Agencia Nacional (o Federal) de Transporte Aéreo que sustituiría a la DGAC y cuya estructura sería similar a la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), en tanto que la otra agencia tendría un perfil similar al de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) también de los vecinos del norte.
Desde luego que no se trataba de copiar por copiar, sino de aprender de las mejores prácticas y experiencias a nivel mundial, como es el caso, aunque adecuándolas a las condiciones de nuestra aviación, lo cual es indispensable para no tratar de ponerle "al niño" un traje demasiado grande.
En el tema de la Agencia de Transporte, según lo que dijo Peláez, es cuestión de unos ajustes jurídicos y presupuestales, así como trámites administrativos, para que este mismo año quede lista la Agencia Federal de Aviación Civil, pero sobre el tema de la investigación de accidentes no hizo mayores anuncios, con lo cual queda un vacío.
En el asunto de la Política de Transporte Aéreo tampoco hubo anuncios de importancia pues aunque el nuevo titular de la DGAC se refirió a unas consultas con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), nada dijo de los actores nacionales, y esto no es una buena noticia.
Desde que se empezó a plantear el asunto de la política de transporte aéreo de largo plazo, hace ya más de 25 años, se ha insistido en que en su diseño deben participar todos los sectores involucrados, tal como sucede en los países con los que México compite, en particular Estados Unidos y la Unión Europea. No sólo hablamos de empresas y de instancias de gobierno, sino de trabajadores, profesionales del rubro y académicos. Ojalá que este paso no se soslaye.
Al cierre de esta columna nos enteramos del reciente fallecimiento del Capitán Luis de Pau Montero. Protagonista de una gran crisis financiera de ASPA, la historia de este descalabro está aún por escribirse para que se aclaren los hechos y las responsabilidades de ese grave momento. Descanse en paz.
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