Tras un plan de choque aplicado en julio, gracias al que se han detectado 234 viviendas usadas ilegalmente como alojamiento turístico, el Ayuntamiento de Barcelona va a ordenar "de forma inmediata" el cierre de esos pisos y el de otros 22 identificados por los inspectores municipales. En suma, 254 pisos turísticos sin licencia deberán abandonar esa actividad y, además, serán multados con 30.000 euros.
Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, ha calificado de "ágil y eficaz" la creación de un equipo de visualizadores que está comprobando in situ la existencia de viviendas vacacionales, tras mirar en Internet y consultar a vecinos, turistas y plataformas web.
Por otra parte, se han resuelto las sanciones a Airbnb y Homeaway y, si las compañías reinciden, deberán pagar hasta 600.000 euros. En paralelo, el consistorio liderado por Ada Colau ha ordenado a dos residencias de estudiantes, una en Sant Martà y otra en Sants-Montjuïc, que dejen de operar como hotel, tal y como han hecho…
