Portal de Turismo alertó la semana sobre los altos índices de informalidad en las empresas turísticas del Cusco. Al respecto, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) confirmó que, de las 1,700 agencias de viajes y turismo que operan en la región, el 37% son informales.
Por ello, diversas entidades nacionales, regionales, locales y empresariales han anunciado una serie de acciones para combatir esta lamentable situación que pone en riesgo la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros.
Como se sabe, es común ver una gran cantidad de agencias en los alrededores del aeropuerto del Cusco, en el terminal terrestre o en las calles del Centro Histórico, que ofrecen tours de aventura, como andinismo, recorridos en bicicleta y motos, canotaje, parapente y otras que implican algún tipo de riesgo.
Además, el 02 de febrero último se cumplió un mes de la desaparición de la turista española Nathaly Salazar Ayala, quien murió luego de realizar canopy o zip line en el distrito de Maras. Se sabe que Maras Adventure, la agencia dueña de la infraestructura donde ocurrió el hecho, no contaba con autorización.
En ese sentido, la Dircetur Cusco emprendió la semana una operación en el Valle Sagrado y en el terminal terrestre de la ciudad cusqueña, a fin de verificar que los operadores de turismo cuenten con la autorización y los implementos de seguridad requeridos.
REGULACIÓN
Un artículo publicado por el diario El Comercio informó que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha aprobado el reglamento de seguridad para el turismo de aventura, documento que establece que cada Dircetur "“dependientes de los gobiernos regionale"“ está encargada de registrar y supervisar a las empresas que ofrecen estos servicios.
"La norma obliga a los operadores de turismo a contar con equipos de primeros auxilios, programas de mantenimiento de la infraestructura y de manejo del riesgo y un manual interno de operación, entre otros requisito", indica el diario.
Agrega que la disposición establece que, de no cumplir los requerimientos, solo se suspenda la actividad de la empresa. Sin embargo, no plantea la cancelación de licencias ni la imposición de multas a los infractores. Tampoco especifica cómo fiscalizar a las empresas que no estén empadronadas por cada Dircetur…
