El Parlamento de Honduras aprobó en tercer y último debate una controvertida ley para incentivar el turismo a través de exoneraciones fiscales y generar unos 250.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos dos años.
La llamada Ley de Incentivos al Turismo, promovida por el Ejecutivo y criticada por expertos fiscales, prevé que «la industria sin chimenea» crezca en un 5 %, indicó el Poder Legislativo en un comunicado.
La ley, de 27 artículos, establece la exoneración del pago de los impuestos sobre la renta, de activo neto y de aportación solidaria por 15 años.
También establece la exención del pago de impuesto sobre ventas en compras locales de bienes y servicios vinculados a la construcción, renovación o restauración en infraestructura con fines turísticos por 10 años.
La normativa contiene además disposiciones especiales en materia de permisos e impuestos municipales, la emisión de visas turísticas y un régimen de obligaciones y otro de sanciones.
La ley establece que entre las empresas turísticas se dará «un trato igualitario a la inversión», ya sean grandes o pequeñas.
Los beneficios fiscales significarán para el Estado hondureño «un sacrificio fiscal» de 168 millones de dólares en 18 años, precisó el Poder Legislativo.
Sin embargo, el Parlamento hondureño considera que la inversión en el turismo generará al país unos 4.218 millones de dólares en 18 años y la generación de nuevos puestos de trabajo.
La normativa crea también el Fondo de Inversión, Promoción y Fomento del Turismo y establece que el Gobierno hondureño destinará recursos, cuya cantidad no precisa el Parlamento, para apoyar al transporte terrestre y aéreo con fines turístico.
La ley está enmarcada en el Programa Nacional de Desarrollo Económico Honduras 20/20, una iniciativa público privada orientada a generar 600.000 puestos de trabajo durante cinco años (2016-2020) mediante la promoción de cuatro sectores clave en los que el país tiene una fuerte ventaja competitiva: turismo, textiles, manufactura intermedia y servicios de apoyo a negocios…
