Al caso anunciado contra el Ministerio de Obras Públicas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, abrió un segundo frente al recurrir a la instancia local de resolución de controversias.
La compañía presentó una discrepancia al Panel Técnico de Concesiones, organismo que emite las recomendaciones técnicas para dirimir diferencias entre las partes. En el escrito de 69 páginas, la concesionaria plantea que los efectos de la pandemia no se limitarán a los años 2020 y 2021, sino que serán permanentes al punto que se calcula que, a su término, transitarán por el aeropuerto aproximadamente 209 millones de pasajeros menos respecto a las proyecciones anteriores a la crisis.
Al caso anunciado contra el Ministerio de Obras Públicas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, abrió un segundo frente al recurrir a la instancia local de resolución de controversias.
La compañía presentó una discrepancia al Panel Técnico de Concesiones, organismo que emite las recomendaciones técnicas para dirimir diferencias entre las partes. En el escrito de 69 páginas, la concesionaria plantea que los efectos de la pandemia no se limitarán a los años 2020 y 2021, sino que serán permanentes al punto que se calcula que, a su término, transitarán por el aeropuerto aproximadamente 209 millones de pasajeros menos respecto a las proyecciones anteriores a la crisis.
Las propuestas
La firma plantea dos soluciones. La primera, que considera la más «adecuada», propone al MOP poner ‘en pausa’ el régimen de coparticipación de ingresos durante el periodo que transcurra entre el inicio de los efectos de la pandemia (marzo de 2020) y el momento en el que se recupere el nivel de Ingresos por Pasajero Embarcado de 2019 (en valor de ese año), durante 12 meses seguidos. «Durante este periodo, la Concesionaria, en lugar de recibir una contraprestación fija correspondiente al 22,44% de los Ingresos Totales, recibe únicamente los montos necesarios para mantener un EBITDA igual a cero y cubrir una porción, -por determinar entre las partes o por el H. Panel Técnico-, del costo financiero devengado por la inversión realizada. El Estado, por su parte, recibe el remanente de los Ingresos Totales de la Concesión», propone.
Luego de esa fase, la fórmula de la empresa señala que «el plazo de la Concesión se extiende de una duración equivalente al periodo para permitir a la concesionaria explotar la concesión en condiciones de normalidad durante los 187 meses que le restaban en 2020, al inicio de la pandemia». Según la empresa, este planteamiento «va en la línea de que durante este periodo de pausa, la Concesión se explota ‘a precio de costo’, sin plusvalía ni retorno para la Concesionaria»…
