Más que aprobar mayor inversión foránea en aviación, el gobierno debería precisar cómo apoyará al transporte aéreo nacional, consideró Rosa María Montero, abogada especialista en derecho aeronáutico.
“Como resultado de la pandemia, la aviación mundial se ve en grave riesgo, y muchos estados extranjeros no han dudado en apoyar su industria aérea, a la que consideran estratégica, con recursos económicos importantes para las aerolíneas, lo que no ha sucedido, hasta el momento, en nuestro país”, resaltó Rosa María Montero.
Para la experta, en este momento de crisis, la aviación está en una disyuntiva que iría en dos vertientes, por un lado, si el Estado apoyará al sector aeronáutico, particularmente a las aerolíneas, y por el otro, si elimina restricciones a la inversión extranjera y con ello cede el control efectivo como la mejor opción y en este caso, si se justifica mantener la figura de la concesión.
Esta definición es fundamental para la Política Aeronáutica, pues determinará el futuro de la soberanía en materia de aviación y cae en el ámbito de las vías generales de comunicación, más que en el ámbito del turismo.
Recientemente, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) propuso modificar la Ley de Inversión Extranjera, con el fin de aumentar el límite del capital foráneo en la prestación de servicio de transporte aéreo y que actualmente está restringido al 49%.
En 1995, una modificación a la Ley autorizó el 25 por ciento de capital extranjero directo para impulsar la competitividad del sector aeronáutico. Fue así como se llevaron a cabo las alianzas, códigos compartidos y negocios que les permitió a las aerolíneas la transición hacia un mercado liberalizado, sin embargo ya no se contó con la requisa (intervención administrativa) en apoyo de las aerolíneas, que utilizó el gobierno para garantizar que el servicio público se continuara.
Sin embargo, en 2001 se publicó la Política Aeronáutica y se estableció que no habría apertura total del mercado mexicano, es decir, no cielos abiertos y se formuló como objetivo el fortalecimiento de las aerolíneas mexicanas. “Se conservó, aún se conserva, como parte de la política mexicana, el vínculo de nacionalidad entre el Estado y las aerolíneas, lo cual resulta necesario para que el Estado sea el rector de la industria y cuente con la aviación para sus objetivos de desarrollo nacional sostenible”, explicó la especialista.
“En 2015, se abrió el porcentaje hasta el 49 por ciento, lo que facilitó la inversión de Delta en Aeroméxico y permitió que, posteriormente, el gobierno norteamericano autorizara la inmunidad antimonopolio a la alianza entre ambas aerolíneas, aun cuando el convenio bilateral no se abrió por completo, debido a que nuestro país no autorizó los cielos abiertos, principalmente en la apertura total a quintas libertades”, agregó.
La ausencia de respuesta gubernamental se presenta en medio de una pérdida registrada de 6 mil 400 millones de dólares en el sector aéreo nacional por efectos del Covid-19. Según los registros de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), arriba de 85% de la flota nacional permaneció en tierra con una caída de operaciones al 90%…
