La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) recibe con sorpresa el anuncio de la Superintendencia de Transporte en cuanto a las investigaciones administrativas abiertas a 26 aerolíneas en Colombia, por la supuesta existencia de cláusulas abusivas, debido a que la Aeronáutica Civil es la entidad competente para revisar dichos contratos.
En relación con lo anterior y basados en la permanente preocupación de las aerolíneas de cumplir con las normas de protección al pasajero, quien es el motor principal y prioridad sustancial de nuestra actividad, la industria aérea aclara que:
• En las investigaciones administrativas adelantadas, se evidencia una ausencia de competencia para investigar y un desconocimiento de las normas aplicables a este tipo de contratos, generando inseguridad jurídica y afectación a la confianza legítima de los vigilados frente a los entes del Estado.
• Los contratos de transporte aéreo son instrumentos globales basados en disposiciones legales establecidas en normas nacionales e internacionales, tales como el Código de Comercio, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y el Convenio de Montreal.
• Los contratos de todas las aerolíneas que operan en Colombia reciben la autorización de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, entidad facultada para este fin, de acuerdo con el artículo 1875 del Código de Comercio y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC 3.10.6).
• La Autoridad Aeronáutica de Colombia ha realizado en el pasado la revisión y aprobación de los contratos de transporte aéreo, que es una obligación para operar en el país.
• Reiteramos el total compromiso de todas las aerolíneas asociadas a IATA de proteger los derechos de los usuarios, y de trabajar proactivamente con las autoridades para cumplir con este objetivo, que es crucial para nuestra actividad.
Teniendo en cuenta el compromiso de las autoridades de Colombia en mantener competitiva la aviación como pieza clave de la recuperación socioeconómica, invitamos respetuosamente a la señora Ministra de Transporte, como cabeza suprema del sector en el país, revisar este tema con la mayor objetividad y racionalidad, para aclarar la situación y evitar confusión y desinformación en la opinión pública.
Esta actuación podría implicar una extralimitación de las funciones de la Superintendencia de Transporte y un conflicto de competencias con la entidad del Estado encargada de reglamentar, aplicar y controlar las infracciones a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y del Código de Comercio, en este caso, en lo referente al contrato de transporte.
Ahora más que nunca, la industria requiere estabilidad y seguridad jurídica en las competencias de vigilancia del sector.
