Los gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo están tomando medidas sin precedentes para controlar la propagación del COVID-19. Éstas incluyen la restricción de movimientos públicos, el cierre de fronteras e incluso la implementación de restricciones por cuarentena en naciones enteras. El Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC) reconoce la necesidad de que los gobiernos impongan restricciones tan severas para proteger el interés público, aunque, como resultado, las industrias del transporte aéreo y el turismo enfrentan su mayor crisis en la historia.
Como consecuencia de las severas restricciones de viaje, el tráfico aéreo está desapareciendo en muchos aeropuertos de la región. Esta situación está afectando negativamente los ingresos de los aeropuertos y su sostenibilidad financiera se ve gravemente amenazada. El impacto económico en muchos aeropuertos y en toda la industria de la aviación será devastador. A pesar de ello, los aeropuertos deben mantenerse operativos para atender vuelos de suministros sanitarios, emergencias y carga aérea.
La dramática caída del tráfico y el incremento de los gastos aeroportuarios relacionados con la implementación de las medidas sanitarias de apoyo a las autoridades, han causado y seguirán causando una fractura del equilibro económico de las concesiones y los contratos de operación de los aeropuertos. Esta situación requiere atención inmediata por parte de los Estados, de manera que implementen medidas de compensación eficientes conforme a lo
previsto en los contratos, que contribuyan a la recuperación del equilibrio económico de los operadores aeroportuarios para que éstos, a su vez, puedan estimular el de las demás entidades del transporte aéreo y lograr su recuperación.
En consideración a lo anterior, ACI-LAC recomienda que se exploren medidas de ayuda para apoyar a la industria aérea como una de las principales generadoras de valor económico y social en la región. En particular, instamos a los gobiernos de la región a considerar las siguientes medidas:
- Brindar medidas de alivio económico, financiero y fiscal a los aeropuertos y a la industria de la aviación en general. Los aeropuertos y el transporte aéreo son cruciales para el funcionamiento socioeconómico de las naciones de América Latina y el Caribe. Instamos a los gobiernos a considerar medidas inmediatas de alivio económico, financiero y fiscal para apoyar a la industria en este momento crítico y ayudarla a recuperarse y
desarrollarse. - Exención de los pagos de concesión para aeropuertos: cuando corresponda, se insta a los gobiernos regionales a que relajen las condiciones de los pagos de concesión que las empresas deben pagar por la operación de los aeropuertos. Los pagos de concesión pueden representar un costo significativo para los operadores aeroportuarios.
- Retrasar los requerimientos de inversión en infraestructura: proporcionar alivio temporal en el requerimiento de desarrollo de infraestructura, particularmente para cumplir con el nivel de obligaciones de servicio o proyectos que no son requeridos de inmediato por la industria.
- Alivio temporal del cumplimiento de las obligaciones de calidad de servicio: los aeropuertos están experimentando circunstancias operativas sin precedentes que ejercen una presión indebida sobre los operadores. En consecuencia, los reguladores deben relajar las obligaciones de calidad de servicio hasta que las operaciones vuelvan a la normalidad.
- Apoyar la suspensión de la regla de slots 80/20 por un período limitado para los mercados gravemente afectados, en consulta con los operadores de aeropuertos, aerolíneas y coordinadores de slots.
A pesar de las difíciles circunstancias que vive la industria, los aeropuertos están tomando medidas proactivas y decisivas para apoyar las acciones de los gobiernos de la región. Los aeropuertos de América Latina y el Caribe son infraestructuras críticas para mantener la conectividad y garantizar la operatividad del transporte aéreo, que proporciona suministros vitales a las ciudades, regiones y naciones.
ACI-LAC se pone a disposición de los gobiernos y otras partes interesadas para evaluar y coordinar acciones para proteger el bienestar de la población y apoyar la sostenibilidad económica y social de nuestras naciones.
