El Estado y la sindicatura del concurso de Pluna SA están enfrascados en una batalla legal que sumando lo que se reclaman las partes entre sí, llega a los US$ 84 millones.
El séptimo y último de los aviones Bombardier CRJ-900 de la flota que perteneció a Pluna partió del aeropuerto de Carrasco el 7 de agosto rumbo a Estados Unidos. Por la venta de todas las aeronaves, la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), que ejerce la sindicatura en el concurso judicial de Pluna SA, obtuvo US$ 69 millones que se destinarán al pago de los acreedores, que en total reclaman deudas por cerca de US$ 200 millones.
Si bien la Justicia está lejos de dar por concluido el proceso concursal, se sumó un nuevo elemento: el fideicomiso que administró los aviones desde el cierre de la aerolínea en julio de 2012 hasta fines de 2013, le reclama a la sindicatura la devolución de US$ 35 millones, es decir, la mitad del monto total por el que finalmente fueron vendidas las aeronaves.
El fideicomiso (que fue creado en la ley de liquidación de Pluna y es gestionado por los ministerios de Economía y Transporte) pasó a tener el control de los aviones tras el cierre de la aerolínea. En noviembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional varios aspectos de la ley y eso hizo que los siete aviones, que constituían el principal patrimonio de la empresa, ingresaran al concurso judicial que definirá el pago a los acreedores.
Pero ahora, el fideicomiso (que organizó el fallido remate de los aviones del 1º de octubre de 2012) reclama a la sindicatura la devolución de US$ 35 millones que es el monto que el Estado invirtió en pagar las cuotas bancarias por la financiación de las aeronaves que habían sido compradas en 2008 y lo que invirtió en mantenerlas. Según supo El Observador, el reclamo por el primer concepto es de US$ 26 millones y el monto por el segundo ronda los US$ 9 millones…
