Una orden de apenas diez líneas bastó para que el Ministerio del Interior activara en cuestión de horas la más vasta operación de protección de las infraestructuras aeroportuarias del país desde los atentados del 11-M de 2004. Apenas 24 horas después de los atentados de Bruselas, se había completado el despliegue de «varios centenares» de agentes -en su mayoría de incógnito, aunque no todos- en los 47 aeropuertos que operan en la actualidad en España, según confirmaron mandos del operativo.
El objetivo principal de estos funcionarios fue patrullar las denominadas "˜ZP"™, Zonas Públicas, las áreas de los aeropuertos y «los edificios en ellas comprendidos» a las que tiene libre acceso el público en general, sin necesidad de pasar ningún control de seguridad. Sus instrucciones eran claras: buscar actitudes sospechosas entre los viajeros que intentaban acceder a los recintos aeroportuarios o que ya se encontaban en esas zonas.
El grueso de los agentes desplegados para reforzar la seguridad -explicaron estas mismas fuentes- proviene de la Policía Nacional, el cuerpo que tiene asignada habitualmente la seguridad en esas Zonas Públicas. En los aeródromos vascos y catalanes esa función recayó principalmente en la Ertzaintza y los Mossos d"™Esquadra, aunque también a esos aeropuertos se mandaron retenes de las fuerzas de seguridad del Estado para redoblar la seguridad perimetral…
