La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) se pronunciaron ante el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la próxima firma, prevista para mayo, de la Adenda N° 9 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con Lima Airport Partners (LAP).
En este contexto, AETAI informó que el 4 de mayo se interpuso una Acción Contencioso-Administrativa (ACA) contra las Resoluciones N° 0005-2026-CD-OSITRAN y N° 0019-2025-CD-OSITRAN, emitidas por el Consejo Directivo de OSITRAN, mediante las cuales se establecieron las tarifas máximas de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en transferencia nacional (US$ 7.46) e internacional (US$ 11.86 con IGV) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
La acción busca la anulación de dichas resoluciones y la aplicación de una metodología de cálculo más adecuada, basada exclusivamente en montos de inversión debidamente fiscalizados por la Gerencia de Supervisión de OSITRAN.
De acuerdo con los gremios, la aplicación de este cobro desde el 7 de diciembre de 2025 ha convertido al Aeropuerto Jorge Chávez en el más costoso de América Latina para pasajeros en conexión internacional, situación que ha contribuido a la cancelación de ocho rutas internacionales desde Lima durante el primer trimestre de 2026.
Asimismo, señalaron que aeropuertos como Bogotá, Buenos Aires, Santiago, São Paulo y Panamá han absorbido parte del tráfico de conexión perdido por Lima, mediante la apertura o fortalecimiento de rutas directas hacia destinos que anteriormente eran conectados a través del hub limeño. Este deterioro ha sido documentado en comunicaciones y reuniones sostenidas con el MTC desde octubre de 2025.
Observaciones sobre la Adenda N° 9
Respecto al proyecto de Adenda N° 9, publicado el 30 de marzo de 2026, IATA, ALTA y AETAI señalaron que este no resuelve el problema de fondo, presenta inconsistencias en su sustento económico y ha sido elaborado bajo un proceso sin la debida transparencia.
Los gremios advirtieron que la propuesta actual únicamente elimina la TUUA de transferencia nacional, mientras mantiene la tarifa de transferencia internacional, que es la que ha generado el mayor impacto negativo sobre la competitividad del hub de Lima.
En ese sentido, reiteraron su disposición a continuar el diálogo y propusieron ampliar la negociación para incluir ambas tarifas, considerando alternativas que no implican subsidios adicionales del Estado, como la extensión del plazo de la concesión.
Si bien reconocen que la adenda es el mecanismo adecuado para abordar el problema, advirtieron que una solución parcial cerraría la negociación sin resolver el impacto estructural sobre la conectividad aérea del país.
Cuestionamientos al marco legal del proceso
En comunicación enviada el 15 de abril de 2026 al MTC y a la Contraloría General de la República, los gremios advirtieron sobre un posible vicio en el procedimiento de negociación.
Según señalaron, el MTC ha sostenido que el proceso se rige por el Decreto Legislativo N° 1362; sin embargo, esta norma habría sido derogada el 25 de diciembre de 2025 con la entrada en vigencia de la Ley N° 32441.
En este sentido, recordaron que, conforme al artículo 51 de la Constitución, una norma de menor jerarquía no puede restituir la vigencia de una disposición legal previamente derogada.
Asimismo, indicaron que el nuevo marco normativo establece un procedimiento de siete etapas —incluyendo evaluación preliminar, consultas a entidades competentes y opiniones técnicas de OSITRAN y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otras— ninguno de los cuales ha sido acreditado públicamente por el MTC.
Falta de sustento y acceso a la información
Los gremios también señalaron que la estimación de pasajeros en transferencia nacional utilizada como base para el cálculo de compensaciones carece de fuente estadística oficial o referencia pública verificable. Asimismo, expresaron su preocupación por la negativa del MTC a brindar acceso a los informes económicos que sustentan la Adenda N° 9, solicitados formalmente en abril. En consecuencia, advirtieron que el sustento económico de una decisión que compromete recursos públicos solo sería conocido una vez firmada la adenda.
Llamado a una solución integral
IATA, ALTA y AETAI reiteraron que no se oponen a la firma de una adenda como mecanismo para resolver el problema tarifario, pero subrayaron que esta debe ser integral, transparente y debidamente sustentada.
En ese sentido, señalaron que aún es posible corregir el proceso mediante la actualización de las cifras utilizadas, la publicación del sustento económico antes de la firma y la inclusión de la TUUA de transferencia internacional en la negociación.
Finalmente, los gremios reafirmaron su disposición al diálogo constructivo y expresaron su confianza en que el MTC actuará con la responsabilidad que el contexto exige para preservar la competitividad y conectividad aérea del Perú.
