El nuevo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (Revolución Ciudadana) señala que la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona de Daular, a 23 kilómetros de la ciudad, “no es una prioridad”. Desconociendo o ignorando los beneficios derivados de la aviación, señala que el dinero asignado a esa obra puede ser “utilizado en la economía local”.
“Estamos analizando con profundidad postergar la construcción del nuevo aeropuerto. Hoy no es una prioridad. El fideicomiso para este proyecto tiene inmovilizados recursos por casi 700 millones de dólares, dinero que debería ser inyectado en la economía de los guayaquileños a través de microcréditos”, dice Álvarez en campaña durante 2022.
Tras su elección el pasado 05 de febrero, ratifica su postura al comentar que se podrían usar en otras obras urgentes. “Ese dinero no se perdería, serviría para dinamizar ahora la economía y generar bienestar, en lugar de estar recibiendo intereses y beneficiando a alguna institución financiera”, agrega.
En Ecuador, el tema aeroportuario es recurrente en las campañas políticas. Nada nuevo en América Latina utilizarlo por políticos con fines electores. El caso de Guayaquil la discusión política se da por la presencia de la terminal aérea en plena ciudad y las necesidades de crecimiento para los próximos años.
El actual aeropuerto inaugurado en la década de 1960 bajo el nombre de Simón Bolívar – rebautizado como José Joaquín Olmedo tras la última renovación de 2006- tiene 60.000 metros cuadrados (m2) y capacidad para gestionar hasta 7 millones de pasajeros por año. Si bien cuenta con una terminal moderna y calificada entre las mejores de la región por su calidad de servicio, todo el recinto aeronáutico tiene limitantes como una pista corta de 2.790 metros, problema de presencia de aves que impactan contra las aeronaves y las escasas 240 hectáreas que dificultan cualquier ampliación especialmente si está en medio de la ciudad.
Desde hace años se piensa en su reemplazo en la localidad de Daular donde se desarrollaría un mega aeropuerto en un área de 2.000 hectáreas. Inicialmente, la construcción se fija para 2018, pero factores como la situación política y económica del país, la eliminación del subsidio al combustible que impacta negativamente en la cantidad de pasajeros transportados, el nuevo aeropuerto de Quito, por sus instalaciones y atracción de nuevas líneas aéreas, las altas tasas aeroportuarias, la salida de operadores aéreos, entre otros aspectos…
