El objeto es prohibir el ingreso de jóvenes a dichos lugares cuando no se encuentren en compañía de sus padres o por cualquiera de ellos; al igual que el tutor o curador o sin la autorización expresa, escrita y con firmas legalizadas por un notario público.
Asimismo, el proyecto plantea disponer que los gobiernos locales y el Ministerio de la Mujer, en el marco de sus competencias, exijan a estos lugares la exhibición obligatoria de los carteles que tengan la prohibición en un lugar visible al ingreso a ellos.
Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, justificó su decisión ante el aumento de los macro y microindicadores sociales que evidencian la comisión de un sinnúmero de actos y omisiones que facilitan la explotación sexual comercial infantil en sus diversas modalidades.
"Situación que pretenden mitigar partiendo de la premisa de que la legislación vigente incurre en imprecisiones respecto al cabal cumplimiento de las obligaciones internacionales contenidas en los tratados internacionales sobre la materia, lo que trae consigo la impunidad de conductas, que vulneran o ponen en peligro los derechos y bienes jurídicos protegidos por el Principio Superior del Niño y el Adolescente"…
