La Comisión Europea concede una tregua después de más de una década de lucha contra las ayudas públicas a los aeropuertos emergentes. Bruselas admite que muchos de esos subsidios son inocuos y suprimirá la obligación de notificarlos por adelantado.
La nueva norma, ya en proceso de consulta pública, reducirá el papeleo y liberará a muchas administraciones regionales o locales de la necesidad de esperar la luz verde de Bruselas para subvencionar a sus aeródromos. Esas autoridades han pugnado por el derecho a apoyar un medio de transporte que muchas regiones consideran esencial para atraer turismo o inversión.
El departamento de Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, reconoce que, a la luz de los casos investigados, "la ayuda a la inversión a los aeropuertos regionales, siempre que se cumplan ciertas condiciones, no da lugar a distorsiones indebida". Competencia también admite que, en muchos casos, la ayuda "puede mejorar tanto la accesibilidad de ciertas regiones como el desarrollo local".
Las ayudas podrán cubrir entre el 50% y el 75% de la inversión. Pero el proyecto de reglamento de Vestager ni siquiera pone un límite máximo a la cifra final de la, por considerar que el potencial impacto en los rivales no depende de la envergadura de la inversión sino del tamaño del aeropuerto.
La repentina benevolencia de Vestager contrasta con la larga e infructuosa batalla librada por Bruselas desde principios de este siglo contra la proliferación de aeropuertos surgidos a rebufo de las líneas de bajo coste, en particular, de Ryanair.
En 2005, la Comisión prohibió tajantemente la ayuda al funcionamiento de ese tipo de aeropuertos. Pero Bruselas reconoce que nunca ha aplicado de manera estricta esa normativa y que, de haberlo hecho, habría provocado el cierre de al menos 200 aeropuertos que operan con pérdidas…
