Para seguir minimizando el daño de la pandemia en el empresariado turístico y, al mismo tiempo, defender el dinero de los consumidores, el Gobierno de Brasil decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo para que los pasajeros que no pudieron concretar sus viajes como consecuencia de la crisis, puedan reprogramar esas salidas o exigir la devolución del importe.
Cuando apenas terminaba de estallar la pandemia y poco se conocía sobre el daño que provocaría y su duración, Brasil se convirtió en un país pionero en la gestión de la mayor problemática que las empresas del sector turístico afrontaban: la imposibilidad de cumplir con los contratos de viajes por fuerza mayor, teniendo en cuenta la paralización total del transporte, el cierre de los hoteles y el confinamiento social.
En aquel momento, el país sudamericano tomó la decisión de acordar con la industria un sistema de reprogramaciones y devoluciones que permitiera garantizar el cumplimiento de los contratos en cuanto se dieran las circunstancias y, a su vez, apuntalar la sostenibilidad de las empresas, que en ese momento tenían facturación cero, por lo que no podían devolver un dinero que ya habían girado a sus proveedores.
Tal como lo contó HOSTELTUR, el presidente Jair Bolsonaro firmó primero un Término de Ajuste de Conducta (TAC) con el sector aéreo a fines de marzo; luego le dio mayor peso a través la Medida Provisional (MP) 948, publicada en abril; la cual fue convertida por el Congreso en la Ley 14.046.
Ya en enero de 2021, dada la extensión de la crisis, Brasil el Gobierno decidió anunciar una prórroga, que les otorgaba a los pasajeros plazo hasta octubre de 2021. Pero la segunda ola, la explosión de las nuevas cepas brasileñas y la lentitud en la vacunación tornaron insuficiente esa fecha. Muchos países tienen literalmente cerradas sus fronteras con Brasil, lo que dificulta seriamente cumplir con los viajes contratados y poner fechas certeras.
Por eso, a través de la MP 1.036 publicada este jueves 18 de marzo, Bolsonaro dispone volver a prorrogar ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha que calculan suficiente para no tener que volver a tramitar otra extensión.
La norma amplía hasta entonces el plazo de las bonificaciones; la emisión de créditos para uso en la compra o bonificaciones de otros servicios; y las devoluciones de importes ya pagados por servicios, reservas y eventos. “La acción tiene como objetivo garantizar los derechos de los consumidores y la supervivencia del turismo y la cultura, que se ven fuertemente afectados por la pandemia”, explicó el Ministerio de Turismo federal, a través de un comunicado…
